En un nuevo acto de expreso autoritarismo el presidente de la república ordenó el pasado viernes el desalojo y militarización del principal centro de pensamiento del país.

Este golpe bajo a la universidad pública se produce en medio de un Paro Nacional Universitario que busca  presionar al gobierno por una pronta respuesta al desfinanciamiento que en la actualidad enfrentan las universidades públicas del país. Desde hace mas de una década estudiantes, profesores y trabajadores vienen reclamando el cumplimiento del mandato constitucional de financiación estatal de la educación superior pública; no obstante, según la Contraloría General de la República, en los últimos quince años el presupuesto para las universidades públicas ha disminuido en términos reales en casi 200 mil millones de pesos mientras los índices de cobertura, formación docente o eficiencia en el gasto, entre otros, han venido mejorando decididamente.  La situación se ha agudizado recientemente  por cuenta del enorme pasivo pensional de la universidad:  A pesar de que en 2007 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo, a través del cual se obligaba a la Universidad a cubrir con su presupuesto la totalidad del pasivo, el tema de la asfixia financiera ha vuelto a sonar con motivo de la incumplida promesa presidencial de incluir en el presupuesto del 2010 una partida adicional  con el fin de que la universidad  cubriera  una parte del costo de las pensiones.

Este mecanismo de pago, denominado como concurrencia, afecta severamente a la Universidad. La situación no solo la pone el borde del cierre de muchos programas sino que afecta su misma continuidad como institución pública, según lo han afirmado las propias directivas de la Universidad, quienes han mantenido una posición pasiva frente el problema.

También en el contexto del Paro Nacional se produjo hacia el medio día del viernes pasado un encuentro entre el Rector de la Universidad y un numeroso grupo de estudiantes y profesores que impidieron el paso del rector para reclamar su participación en un foro sobre financiamiento de la universidad al que había sido formalmente invitado con anterioridad.

Aun cuando, tal como lo atestiguan la gran cantidad de fotos y videos del momento, no hubo ningún tipo de agresión física contra el rector, en menos de dos horas el periódico  El Tiempo, junto con los programas radiales y televisivos de RCN y Caracol cambiaron los términos del asunto y, apoyados por altos funcionarios de la universidad, dejaron de hablar de retención para empezar a denunciar un supuesto secuestro del rector de la Universidad Nacional.

En el mismo lapso de tiempo al interior de la universidad sucedía una cosa totalmente diferente a la que anunciaban los medios.  El grupo de estudiantes y profesores que rodeaba el carro blindado de la rectoría logra un importante acuerdo bajo el  que el rector se compromete a reunirse el lunes siguiente con la comunidad universitaria para la búsqueda conjunta de soluciones a la crítica situación por la que se atraviesa. En este acuerdo fue clave la intermediación de la Defensoría del Pueblo, los representantes estudiantiles, la Secretaría de Gobierno Distrital y la Guarda Indígena, la cual se compromete a hacer parte del anillo de seguridad de Rector. La Guardía se encontraba en el campus por cuenta del precongreso de la Minga Indígena que sesionaba en el polideportivo de la universidad. Debe recordarse que la minga indígena ha manifestado públicamente su profundo desacuerdo con el grueso de las políticas del gobierno.

Unos minutos mas tarde, por orden presidencial ingresan al campus universitario trescientos efectivos a pie, siete tanquetas y cincuenta motos que detienen a mas de veinte personas, entre las que se encontraban siete menores de edad, y se golpea a un grupo considerable de personas que, según el dictamen de Medicina Legal, presentan traumas por el disparo frontal de bombas de estruendo y de gases lacrimógenos.

En la noche el presidente ingresa al campus de la universidad en compañía del Ministro de Defensa y del general Rafael Parra, subdirector de la Policía, quien anunció una recompensa de cincuenta millones de pesos para quienes den información sobre “los autores materiales e intelectuales del hecho” que, el mismo presidente Uribe, atribuyéndose funciones judiciales, tipificó como secuestro y tentativa de homicidio.

De esta manera el gobierno  hace frente a la legítima movilización de cientos de estudiantes y profesores que exigen el derecho a la educación.

Lo sucedido en la Universidad Nacional se suma a la ya larga lista de hechos que muestran la paulatina eliminación de los mecanismos democráticos al interior de la universidad y en general de la sociedad colombiana, la supresión disimulada de libertades civiles y la constante criminalización de la protesta social que se vive en todo el territorio nacional.

Es deber de todos manifestarnos, rodear a la universidad, exigir el derecho a la educación y el mantenimiento de la libertad de cátedra y de pensamiento como un requisito básico para una sociedad en paz.

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Bogotá, Colombia, America Latina

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